A partir de julio del 2025, todos los Programas de Facturación utilizados por empresas y autónomos deberán estar certificados por la Agencia Tributaria.

Esta medida pretende cumplir la Ley Antifraude y garantizar la legalidad de los Programas de Facturación. El objetivo es establecer requisitos estrictos para los programas informáticos de facturación e imponer sanciones importantes a quienes incumplan las nuevas normas.

Requisitos de Certificación

La certificación exigida consistirá en una “autocertificación del fabricante” del programa de facturación. Se trata de una declaración responsable realizada por la empresa desarrolladora del Programa que debe incluir información detallada sobre el programa y garantizar que cumple con todos los requisitos legales. Como tal, esta certificación debe ser visible en el propio sistema informático y facilitarse al cliente cuando adquiera el producto.

La información que debe englobar la declaración incluye:

El título: "DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE FACTURACIÓN";
Nombre y código identificador del sistema;
Descripción de sus componentes;
Características principales;
Información sobre el productor del programa informático;
Declaración explícita de cumplimiento de la nueva normativa.

Además, el certificado debe indicar si el sistema permite su utilización por múltiples contribuyentes y si ofrece la posibilidad de enviar facturas en tiempo real a la Agencia Tributaria a través del sistema “VERI*FACTU”.

¿Cuáles son los plazos de implementación?

Julio de 2025: Fabricantes y distribuidores deben adaptarse a los nuevos requisitos;
Enero de 2026: Obligatorio para las sociedades mercantiles;
Julio de 2026: Obligatorio para los trabajadores autónomos.

Sanciones por incumplimiento

Las consecuencias del incumplimiento de estas nuevas normas son graves:

Empresas y autónomos

Multa de hasta 50.000 euros por utilizar programas informáticos que no cumplan los requisitos o no estén certificados.

Fabricantes y distribuidores

150.000 euros por cada ejercicio en el que se comercialicen sistemas no conformes;
1.000 euros por cada sistema comercializado sin certificación.

Esta nueva normativa pretende modernizar y normalizar los sistemas de facturación en España, adecuándose a las normas europeas y reforzando también la lucha contra el fraude fiscal. Se espera que estos cambios contribuyan a una mayor transparencia en las transacciones comerciales.

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